Creciente inseguridad

Redactado en 1987, tras la caída de la dictadura de los Duvalier, el texto actual establece que "está formalmente prohibida toda consulta popular para modificar la Constitución por la vía del referéndum".

La comunidad internacional tampoco ha ocultado su reticencia a esa consulta.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, criticó a fines de mayo los preparativos por considerar que no eran "suficientemente transparentes o inclusivos".

La Unión Europea, en tanto, avisó que no financiaría la organización del referéndum porque el proceso no le parece plenamente transparente y democrático.

Organizar una consulta popular que compromete el futuro político del país parece complicado dada la creciente inseguridad de Haití.

El fin de semana, el acceso a la mitad sur del país se tornó imposible debido a enfrentamiento entre pandillas que controlan un barrio pobre de Puerto Príncipe, un bastión políticamente estratégico por ser densamente poblado.

Debido a la violencia, cientos de personas que residen cerca del palacio presidencial se vieron obligadas a huir de sus domicilios y buscar refugio en iglesias o gimnasios de un barrio vecino.

Más allá de la capital, las bandas armadas incrementaron su dominio en varios territorios, según organizaciones dedicadas a los derechos humanos.

Y de marzo a mayo, según organizaciones haitianas, pandillas realizaban a diario una veintena de secuestros a cambio de dinero. Los objetivos eran tanto personas de la minoría adinerada como quienes sobreviven por debajo de la línea de pobreza.